Tras la reforma introducida en la Ley Concursal por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, en el Ordenamiento jurídico español se contempla de forma expresa la categoría de los «concursos conexos». A este tipo de procedimientos se les dispensa un tratamiento especial, esencialmente coordinativo (art. 25 ter.1 LC), que respeta la personalidad separada y la responsabilidad limitada de cada uno de los deudores. Sin embargo, con carácter marcadamente excepcional, la Ley parece admitir ?con una expresión un tanto oscura? la consolidación los patrimonios de los deudores (art. 25 ter.2 LC, que habla de consolidar «inventarios y listas de acreedores»). Para que proceda tal consolidación resulta necesario que los patrimonios de los deudores estén confundidos y que no sea posible deslindar la titularidad de activos y pasivos sin incurrir en un gasto o en una demora injustificados. Se trata de una medida radical con profundos efectos sobre todas las partes implicadas en los procedimientos de insolvencia y de la cual ya existen ejemplos en la práctica judicial española. Lamentablemente, la regulación de la misma resulta excesivamente parca, lo cual propicia el surgimiento de dudas interpretativas que, en última instancia, hacen que se resienta la seguridad jurídica.
La presente investigación pretende dilucidar si la consolidación es una opción realmente admisible en el Derecho español y, en caso afirmativo, arrojar algo de luz sobre su régimen (respecto del cual, en muchos aspectos esenciales, la Ley Concursal guarda un sepulcral silencio). Así, entre otras cuestiones, en este trabajo se delimitan de forma precisa los supuestos en los que puede ser decretada, se reconstruye el procedimiento para ello, y se analizan detalladamente los efectos de la medida y las vías para la protección de los acreedores ante la misma.