L a transición a la democracia ha sido tradicionalmente presentada como el resultado de un proceso cuidadosamente planificado por unas élites reformistas que impusieron un cambio «desde arriba» en contra de las tesis rupturistas que defendía la oposición democrática. Frente a su supuesto carácter «modélico», las investigaciones más solventes han demostrado que el análisis de la conflictividad social debe estar muy presente a la hora de explicar la erosión y la deslegitimación social que el régimen había acumulado en sus estertores. Una conflictividad que no puede entenderse como la consecuencia mecánica de las transformaciones estructurales de la década de los sesenta ni tampoco explicarse al margen del crecimiento de la militancia antifranquista y de esas «minorías subversivas» que constituían una de las obsesiones principales de la dictadura, sin que ello deba servir para ocultar sus limitaciones a la hora de provocar la caída del régimen.
Los estudios regionales como el que aquí se propone, demuestran que es indispensable plantear enfoques diversos que permitan pensar la transición como proceso y como objeto de conocimiento histórico, alejándonos tanto de los planteamientos iniciales de un proceso planificado y dirigido por un reducido grupo de personalidades como de ucronías carentes de un soporte metodológico consistente. La necesidad de elaborar explicaciones complejas en las que se resalte el protagonismo de la acción colectiva de diferentes sectores, de la sociedad civil y de los ciudadanos corrientes es incuestionable para entender la acelerada descomposición del entramado institucional franquista y las dimensiones de un cambio que en ningún caso puede ser calificado de operación puramente cosmética.