Los bonos necesariamente convertibles en acciones son un derivado financiero complejo en el que el riesgo no deriva de la falta de liquidez, puesto que al vencimiento el inversor recibirá unas acciones que cotizan en un mercado secundario, sino que dependerá de que las acciones recibidas tengan o no un valor de cotización bursátil equivalente al capital invertido. Por ello, es fundamental que la entidad bancaria que los comercialice cumpla el deber de información con total rigor. A través de artículos doctrinales y resoluciones de todos los órganos jurisdiccionales exponemos los aspectos más relevantes que genera su contratación, tales como la anulabilidad, la indemnización de daños y perjuicios, el mencionado derecho de información, el comienzo del plazo de caducidad de las acciones, las consecuencias jurídicas del canje por acciones, la convalidación o confirmación del contrato o la posible consideración del suscriptor como experto financiero.