La obra que el lector tiene entre manos recoge las aportaciones más relevantes del Congreso Unijes 2013, convocado por las Facultades de Derecho de las universidades de Deusto, Pontificia Comillas de Madrid y ESADE-URL, y que bajo el título ?Los medios de prevención de conflictos en contextos económicos inestables? tuvo por objetivo una reflexión jurídica sobre las vías de prevenir y anticipar los conflictos jurídicos y evitar, de esta manera, su judicialización.
No cabe duda de que en el contexto de las sociedades de la Unión Europea, sacudidas por una fuerte crisis económica, la conflictividad ha experimentado un incremento considerable y con ello el incremento de reclamaciones ante los Juzgados y Tribunales, cuya carga de trabajo aumenta exponencialmente ante las diversas pretensiones que se sustancian ante sus órganos. Es por ello que las universidades convocantes, y dada la imprevisibilidad de la duración de la crisis económica, se han propuesto reflexionar sobre las vías no judiciales de resolución de controversias entre particulares y entre particulares y la Administración.
Dado el enfoque transversal y multidisciplinar que ha caracterizado los Congresos Unijes el lector podrá encontrar aportaciones propias del ámbito tributario y financiero, penal, laboral, mercantil y societario, familiar y sucesorio, internacional, administrativo, contractual e hipotecario con ponencias tan sugestivas y actuales como, a título de ejemplo y entre otras, la necesaria colaboración entre empresas y la administración tributaria para la resolución de conflictos, la importancia del asesoramiento preventivo al inversor por abogados especializados, la mediación penal en el ámbito de la violencia de género, la mediación laboral individual como alternativa para la solución de conflictos, las prohibiciones de suceder mortis causa como posible prevención de conflictos, el arbitraje como medida preventiva y alternativa de control judicial de la actividad de las administraciones públicas, los compliance programmes en el derecho de la competencia como medidas preventivas de futuros procedimientos sancionadores, o las medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios y la dación en pago.