Es costumbre en la política española aludir a la similar regulación de los países de nuestro entorno+ para justificar reformas legislativas orgánicas o procesales polémicas, de forma que así se zanje cualquier debate que pretenda plantearse en relación con ellas. Por supuesto, quien esgrime tal argumento no suele aportar datos concretos sobre las normas extranjeras, ni explica los aspectos favorables o desfavorables que el sistema pretendido pueda conllevar, sino que de forma apodíctica defiende que lo nuevo es bueno porque se parece+ a lo de fuera, aunque realmente no se conozca cómo funciona tal modelo donde está implantado y, lo que es más grave, ni siquiera se sepa si lo propuesto se parece a lo foráneo.