La libertad de cátedra es hoy un derecho reconocido en la legislación española. Las barreras impuestas por el poder público con objeto de impedir o restringir el ejercicio de esta libertad han sido definitivamente superadas, pero su consolidación en nuestro país ha sufrido vaivenes y no pocas dificultades, dada la oposición existente entre la verdad religiosa que presidió el Estado tradicional católico y la libertad de enseñanza. La Constitución de 1812 consagra el establecimiento de una doctrina oficial del Estado-la católica-, introduciendo, por esta vía, el control ideológico en la enseñanza. Esta sujección del profesorado a una determinada doctrina estatal-generalmente la católica-no es exclusiva del periodo inicial del constitucionalismo español. Veremos,a lo largo de este estudio, que la injerencia del Estado en la docencia- especialmente en la universitaria- se convertirá en algo habitual durante el periodo analizado (S.XIX y parte del XX). Cobran singular interés en este periodo las vías utilizadas por el poder para poder lograr imponer la doctrina oficial en la enseñanza pública, y en especial, en los denominados "procesos de depuración del profesorado". Las reacciones por parte del profesorado ante la injerencia del poder público fueron inmediatas, generando una lucha constante-especialmente intensa durante las llamadas "cuestiones universitarias"-por preservar su libertad.