La reciente publicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, ha supuesto un cambio muy importante en las obligaciones que los miles de sujetos obligados (entidades financieras, abogados, inmobiliarias, auditores, asesores fiscales, etc.) deben seguir en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es importante conocer el alcance exacto del contenido de los preceptos legales y, al tiempo, facilitar la aplicación de la norma a los sujetos obligados clarificando cómo afecta la nueva Ley al contenido del Reglamento (Real Decreto 925/1995, de 25 de junio) en el sentido de precisar lo que permanece vigente. Para ello, se comenta artículo a artículo, tanto el texto de la Ley señalada, como el del Reglamento.