La grave crisis en la que estamos inmersos y la multiplicación de las reclamaciones crediticias que ha generado, han puesto de relieve la necesidad de contar con información patrimonial sobre los ejecutados. Gran parte de la eficacia de los procesos de ejecución descansa en la obtención, de forma rápida, fiable y fluida, de titularidades de los deudores. Pero conseguir dicha información dista de ser una tarea sencilla, pues son múltiples los registros, archivos y bases de datos, públicos y privados, accesibles o no para el ejecutante, en los que constan datos patrimoniales, con un dispar régimen jurídico.
Conocer dónde se encuentra la información, los entresijos para obtenerla y contrastarla, se revela esencial en el momento actual, en el que el éxito o fracaso de un proceso de ejecución depende directamente de la localización de solvencias de los deudores.
La presente obra viene precisamente a colmar esa necesidad: analizar de forma minuciosa y rigurosa los vericuetos procesales y administrativos que el acreedor ha de sortear para lograr el cobro de los créditos reclamados.
El trabajo está especialmente dirigido a operadores jurídicos que desarrollan su actividad en los procesos de ejecución, tales como procuradores, secretarios judiciales, abogados y entidades financieras.