Tradicionalmente, el sector inmobiliario español se ha caracterizado porque la mayoría de la oferta de viviendas en alquiler proviene de pequeños propietarios particulares, quienes, a menudo, y a causa de su falta de profesionalización, se ven impotentes para gestionar los riesgos inherentes a la ejecución del contrato de arrendamiento. Ante el temor a no cobrar la renta, a los tortuosos y costosos procesos de desahucio, o al deterioro del inmueble, abundan los potenciales arrendadores que prefieren dejar vacías sus propiedades antes que cederlas en arriendo, con el subsiguiente agravamiento de la crisis que viene padeciendo el mercado del alquiler de viviendas en España. Con todo este telón de fondo, la presente obra pretende realizar un profundo y exhaustivo estudio de los instrumentos, tanto públicos como privados, con los que el arrendador cuenta para proteger sus derechos contractuales. El análisis de este conjunto de herramientas tuitivas ha de ser enfocado a la luz de las novedades introducidas por la Ley 4/2013, de 4 de junio, pues, según su Preámbulo, su objetivo primordial consiste en flexibilizar y fomentar el mercado del alquiler de viviendas ofreciendo garantías a los potenciales arrendadores. Por lo tanto, se trata de debatir en torno a la aptitud de las medidas públicas y de los mecanismos privados de protección del arrendador, en cuanto que medios que pueden coadyuvar a reactivar el mercado del alquiler de viviendas, impulsando su recuperación. Todo ello, sin perjuicio de que igualmente se formulen propuestas críticas y de lege ferenda, siempre desde una perspectiva eminentemente práctica y pragmática.