La desamortización fue uno de los acontecimientos de mayor trascendencia en la Historia económica de España. En ese proceso intervinieron multitud de factores, entre ellos, una determinada política económica procedente del liberalismo, grupos sociales empeñados en llevarla a cabo porque beneficiaba a sus intereses, las perentorias necesidades de la Hacienda Pública y unas normas legales que lo guiaron.
La investigación se centra en el caso concreto de Málaga, pero es evidente que un estudio de historia local no se sostiene con rigor si no está abierto a un horizonte más general. Por ello siempre se tendrá en cuenta el binomio local-nacional.
La desamortización afectó a todos los bienes de las corporaciones religiosas, tanto rústicos como urbanos, y si tenemos en cuenta que en el siglo XIX Málaga era uno de los grandes centros comerciales de España, con un puerto relativamente importante y con una población dedicada en su mayoría al tráfico mercantil, es lógico pensar que las fincas urbanas eran un gran atractivo para el grupo que dirigía ese comercio. De aquí que el estudio se centre en las ventas de fincas urbanas.
Dado lo dilatado del proceso desamortizador era necesario fijar unos límites en el tiempo. Se optó por escoger los años 1836-1844, periodo que vino caracterizado por la poca importancia relativa de la venta de fincas rústicas frente a las altas cifran que alcanzaron las ventas de fincar urbanas.
Partiendo de un conjunto documental variado ?los Boletines de Ventas de Bienes Nacionales del Ministerio de Hacienda, los Boletines Oficiales de la Provincia de Málaga, las cuentas corrientes abiertas a los compradores de bienes del clero localizables en el Archivo Histórico Provincial de Málaga, la Matricula de comerciantes de la ciudad de Málaga de 1829, el Archivo de Díaz Escobar, el Catastro de Ensenada, la prensa periódica, etc.? ha sido posible reconstruir el cuadro de corporaciones religiosas propietarias de los bienes desamortizados, compradores, ocupaciones de éstos, coste de las adquisiciones y normas legales aplicadas en el proceso.