Durante el ya dilatado proceso de integración europea, ha sido una constante por parte de la doctrina la consideración de que la construcción europea adolecía de un significativo déficit democrático, en el sentido de que la arquitectura institucional y, en definitiva, la generación de una comunidad de derecho a nivel europeo, poco tenía que ver con los estándares democrático-constitucionales de los Estados miembros fundadores o, posteriormente adheridos, la mayoría de ellos configurados constitucionalmente sobre la base del sistema de parlamentarismo racionalizado.

A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, los problemas jurídico-constitucionales de dicho proceso alcanzaron mayor relevancia, pues la asunción de competencias por parte de la Unión Europea trascendían al proceso de integración puramente económico: ciudadanía, configuración de una autoridad colegisladora sobre la base de la legitimación representativa, emergencia de una política exterior, la creación de un espacio de justicia y de orden público etc. Se comenzó, entonces, a construir una doctrina donde, si bien el debate ent