La renovada formulación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a finales de 2012 (Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) ha dado lugar a un intenso y sonado debate sobre el papel que han de desempeñar las tasas judiciales y su encaje en nuestro sistema
judicial. Hace falta por eso mismo tratar de ajustar y perfilar los contornos de esta figura, y con este propósito el libro propone un recorrido inspirado por dos ideas fuerza: de un lado, la necesidad de explicar la complejidad y el grado de precisión y tino que se requiere para alcanzar una convivencia armónica entre el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la justicia, que es la primera de todas las demás, y las tasas judiciales, poniendo especial acento en las enseñanzas que proporciona la dilatada y rica jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto. De otro, la importancia de advertir la significación y el impacto particulares de las tasas judiciales en el contexto de una justicia tan singular como es la administrativa, donde está en juego mucho más que la defensa del interés particular del recurrente. Una especialidad que el legislador no ha acertado a retratar en toda su extensión y que, en combinación con otros obstáculos en el acceso al proceso como la reforma de las costas procesales en la primera instancia, puede hacer perder vitalidad al control judicial de nuestras Administraciones Públicas.