En el ámbito de la Seguridad Social, los infartos de miocardio y otras cardiopatías isquémicas sufridas por los trabajadores pueden considerarse, bien como contingencias comunes, o bien como contingencias profesionales. La determinación de la segunda opción supone importantes ventajas para los derechos del trabajador afectado o sus beneficiarios tanto en los aspectos
prestacionales (régimen financiero, cotización empresarial, responsabilidades, participación de entidades colaboradoras, etc.), como en la intensidad de la acción protectora.
Todo esto justifica y explica la intensa y extensa litigiosidad sobre calificación de contingencias ante eventos susceptibles de tener alguna relación laboral.
En la práctica real las entidades colaboradoras y gestoras no suelen ser muy proclives a considerar como contingencia profesional los sucesos de cardiopatía isquémica que afectan a los trabajadores.
Por esa razón, se produce un gran número de reclamaciones que acaban resolviéndose en la vía administrativa (a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social y sus Equipos de Valoración de Incapacidades) y finalmente en la jurisdiccional (social generalmente, salvo algunos funcionarios y empleados bajo cobertura de otros sistemas de protección social donde intervendrá la contencioso administrativa), dando lugar a que en la actualidad se cuente con un abundante bagaje jurisprudencial, bien es verdad que no exento de confusión.
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