La accesibilidad, como requisito para que todas las personas puedan utilizar los espacios, equipamientos y servicios en igualdad de oportunidades, es un concepto comúnmente aceptado pero no siempre adecuadamente gestionado.

De hecho, a pesar de los desarrollos normativos sobre la materia, con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al frente, que la establece como presupuesto esencial para el ejercicio de derechos fundamentales, y la progresiva implicación de los profesionales, se constatan importantes deficiencias en el diseño de los entornos urbanizados y de los espacios edificados; continúan existiendo equipamientos no accesibles y, aun reconociendo los avances, la falta de formación de los equipos que intervienen en la gestión o en la atención al público sigue siendo una premisa tan generalizada como decisiva.

Estas y otras significativas carencias dibujan, en conjunto, una realidad de vulneración de derechos que contrasta sin embargo con la percepción opuesta mantenida por los técnicos y, especialmente, por los gestores políticos, para quienes la accesibilidad está correctamente contemplada en los procesos y las deficiencias que pudieran existir no son sino casos aislados.

En esta obra, tesis doctoral de Javier Miranda Erro defendida ante la Universidad Pública de Navarra con las máximas calificaciones, se analiza el alcance normativo de la accesibilidad universal y, a través de un estudio empírico, se ilustran de forma detallada los aspectos críticos de esa falta de correspondencia entre la regulación legal y su aplicación efectiva.