Si el Mediterráneo se está convirtiendo en la mayor tumba abierta del mundo, las fronteras de la Unión Europea (UE) y el territorio de sus vecinos están siendo usados para construir, ante nuestros ojos -medio abiertos, medio cerrados-, campos donde confinar a la población refugiada y hacerla vivir en penosas condiciones. Estos campos se llevan construyendo desde hace más de una década y no se limitan tan solo al Mediterráneo. La política migratoria europea ha combinado de forma lenta pero segura, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) y los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) en España y otros centros homólogos en todo el territorio europeo, orientados a las expulsiones desde el interior de su territorio, con los campos de retención a las puertas de Europa y los campamentos de acogida para refugiados, orientados a filtrar las admisiones. Esta política interna y externa de control migratorio y de externalización de las fronteras ha conocido una expansión e intensificación sin precedentes con el recrudecimiento de la crisis de los refugiados. Si bien esta política llevaba fraguándose durante largo tiempo orientando sus acciones y consecuencias directas sobre las vidas de miles de personas migrantes, la crisis de los refugiados ha contribuido a mostrar su crueldad, brutalidad e injusticia en numerosos puntos fronterizos marítimos y territoriales más allá del Mediterráneo: en las fronteras internas (Calais, Veintimilla, los Balcanes), en las fronteras externas militarizadas de la UE mediante Operaciones Militares dirigidas por la OTAN y/o la propia UE mediante FRONTEX, y en los países de salida y de tránsito (Níger, Libia, Turquía) mediante la externalización de las políticas europeas. La proliferación de estos puntos y el control cada vez más militarizado de las fronteras han hecho que las rutas que los migrantes y refugiados emprenden sean más peligrosas (Andersson, 2015).