La violencia ejercida contra la infancia y la adolescencia presenta múltiples formas e incide también de distinta manera según las personas o los colectivos sobre los que se ejerza. Frente a ella es imprescindible diseñar por parte de los poderes públicos una estrategia integral que contemple no solo la respuesta tradicional de carácter sancionador, represivo, sino una que asuma el enfoque de derechos en la protección a las personas menores de edad y abarque la promoción de derechos, la prevención con carácter prioritario y la protección en sentido estricto. El marco internacional contenido en la Convención de los Derechos del Niño y las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño, así como otros textos internacionales, o las normas y directrices aprobadas por el Consejo de Europa, sirven como marco de referencia ineludible en la materia, que ha de ser traducido jurídicamente en un marco regulador integral que aborde la violencia contra la infancia desde un concepto único aceptado internacionalmente, que incluya la explícita prohibición de cualquier forma de violencia contra la infancia, priorice las actuaciones de prevención y contemple actuaciones protectoras concretas en el ámbito administrativo y también penal.