El mandato electoral surgido tras las Elecciones Generales de diciembre de 2015 y junio de 2016, que dio lugar a la brevísima XI y a la vigente XII Legislatura, ha creado un escenario inédito en la democracia española, de difícil previsión por el Constituyente: un Gobierno en mayoría minoritaria, de honda debilidad funcional, fruto de una hiperfragmentación de la representación parlamentaria. Ello ha transformado el marco jurídico-político de las relaciones Gobierno-Parlamento en nuestro régimen parlamentario, hasta ahora tradicionalmente considerado como cooperativo, y que se ha hecho visible en dos fenómenos: el control parlamentario del Gobierno en funciones y el veto presupuestario del Gobierno. Dos fenómenos que han incrementado la tensión entre ambos Poderes del Estado, lo que ha conllevado la interposición de sendos conflictos de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. Una tensión que también se ha trasladado al interior de las Cámaras, especialmente al Congreso de los Diputados, abriendo con ello nuevos frentes para el derecho parlamentario, desbordado ante contextos de difícil previsión jurídica. Situaciones que se han estudiado interpretando las previsiones constitucionales al respecto. Junto a este nuevo marco en las relaciones Gobierno-Parlamento, la reciente STC 76/2017, de 19 de junio, sobre el llamado "préstamo" de parlamentarios, ha permitido analizar retrospectivamente este curioso instrumento de los grupos parlamentarios desde la óptica de la legalidad y la legitimidad. Tres frentes, en suma, que en la actualidad suponen tres problemas para el derecho parlamentario, que requieren de una reflexión constitucional para extraer, pro futuro, lecciones jurídicas a contextos políticos similares".