Hasta no hace mucho tiempo la definición del concepto de «sanción administrativa» y la necesidad de distinguir técnicamente las sanciones de otras medidas de intervención o policía administrativas de contenido igualmente desfavorable para su destinatario no suponían entre nosotros ningún motivo de preocupación. Hoy, sin embargo, son abundantes las opiniones doctrinales y las sentencias judiciales que se cuidan de esta distinción y de ofrecer unos pocos criterios que permitan con mayor seguridad colocar en su lugar a la correspondiente medida administrativa. Aunque mucho se ha avanzado en este asunto, todavía hay más de un cabo suelto y bastantes malentendidos, según lo testimonia el hecho de que no falten precisamente los supuestos dudosos con soluciones doctrinales y jurisprudenciales prácticamente para todos los gustos.
En este contexto enredado, y tomando pie en el concepto material de sanción administrativa que en forma una unánime manejan la doctrina y la jurisprudencia, con el Tribunal Constitucional a la cabeza, este libro bucea críticamente en la propia doctrina constitucional para ver cuáles son los criterios que utiliza el Tribunal para determinar cuándo una medida administrativa merece realmente el nombre de “sanción”, y alertar de sus debilidades.