El 20 de enero de 2007, tres mil guardias civiles vestidos con sus uniformes reglamentarios se concentraban en la Plaza Mayor de Madrid. Reclamaban derechos sociales y laborales de los que estaban privados, y de los que todavía hoy, una década después, siguen careciendo en muchos casos. Aquella demostración constituyó un insólito acto de valentía en cuanto supuso un auténtico desafío al poder, y como tal quedó reflejado en los medios de comunicación, copando portadas de los principales diarios nacionales y abriendo informativos de radio y televisión.
Como consecuencia de aquella acción, a finales de ese mismo año el Gobierno, presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aprobaba dos leyes orgánicas que en principio representaban un enorme avance en las condiciones de trabajo de los guardias civiles: la Ley de Derechos y Deberes y la de Régimen Disciplinario. Unas normas que, si bien tenían y mantienen un amplio margen de mejora, vinieron al menos a dotar a los trabajadores de la Benemérita de unas herramientas básicas para la protección de sus derechos. Ese mismo año, además, eran reconocidas y legalizadas las asociaciones profesionales en la Guardia Civil.
Detrás de la convocatoria de la manifestación de uniforme estaba la organización heredera del sindicalismo clandestino que desde los años ochenta reclamaba la dignificación laboral y ciudadana de los agentes: la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que hoy cuenta con más de 30.000 agentes afiliados y sigue liderando el movimiento asociativo en el Instituto armado.
Una década después, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil protagonizaban, junto con los sindicatos de la Policía Nacional, otro momento histórico al sentarse a negociar con el Gobierno el acuerdo de equiparación salarial con el resto de cuerpos de seguridad pública autonómicos, firmado en marzo de 2018. Por primera vez se reconocía, de forma tácita, el derecho de negociación colectiva a unos trabajadores que, a día de hoy, siguen teniendo vetada la posibilidad de sindicación.
Entre ambos acontecimientos, los guardias civiles y las asociaciones que les representan han vivido diez años vertiginosos en su firme reclamación de mejora de las condiciones sociales y laborales de un colectivo de cerca de 80.000 trabajadores.