El principio acusatorio no se recoge expresamente pero sí se encuentra ligado con otros derechos fundamentales consagrados en el art. 24 de la Constitución Española: el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa y a un proceso con las debidas garantías y el derecho de todo acusado a ser informado de forma detallada del motivo de la acusación. De este principio resulta la necesidad de congruencia entre la acusación y la sentencia, pero nuestra jurisprudencia admite que los órganos judiciales se aparten de la calificación jurídica de las acusaciones, lo cual puede no suponer necesariamente la transgresión del derecho de defensa del acusado cuando se den dos condiciones: Una, identidad del hecho punible, de forma que el mismo hecho señalado por la acusación, que se debatió en el juicio contradictorio y que se declaró probado en la sentencia de instancia, constituya el supuesto fáctico de la nueva calificación. Y dos, que ambos delitos sean ?homogéneos?, es decir, tengan la misma naturaleza.