Partiendo del hecho de que la administración de las Indias no funcionó de forma mecánica y teniendo en cuenta la autonomía económica y las identidades que se estaban formando en América durante el siglo XVII, este libro indaga en las hipótesis planteadas sobre el comportamiento de la alta jerarquía gubernativa en relación con la legislación vigente. Asimismo, como la corrupción nunca fue una práctica llevada a cabo por sujetos o grupos aislados, sino que se extendió por todas las capas sociales del Virreinato del Perú, su estudio requiere el trabajo cruzado sobre diferentes instituciones. Por ello encontrarán analizado el gobierno de seis virreyes y sus entornos cortesanos, la Real Audiencia de Lima, el Tribunal del Consulado, el Arzobispado, los cabildos y los corregimientos, pues el trenzado de sus actuaciones se convierte en fundamental para intentar resolver una importante duda: ¿fue la corrupción un hecho generalizado durante el Seiscientos peruano?
Las ganancias e incrementos patrimoniales o los ascensos políticos desobedeciendo a la legislación fueron habituales entre los componentes de la administración del Perú durante el XVII. Ni siquiera los sujetos más pulcros pudieron alejarse de estas actividades ilegales, pues las mismas, de una u otra forma gracias a las redes clientelares, acababan siempre por impregnar a todos los empleos coloniales. Así, desgranando "las prácticas contra el buen gobierno" -prevaricación, cohecho y nepotismo, entendido como ejercicio conducente a corruptela podemos entender cómo estas ilegalidades se convirtieron en un mecanismo muy útil para mantener el sistema virreinal durante el período estudiado. Además, por el carácter estructural alcanzado y por la falta de respuestas punitivas desde la Península Ibérica, la corrupción fue crecientemente tolerada en los años finales del reinado de Carlos II. El poder virreinal conectado entre sí pudo actuar 'supra legem'.