El conjunto de las contribuciones de esta obra permite constatar que asistimos a un descontrolado proceso de sobredimensión de la función preventiva del Derecho penal y del Derecho administrativo sancionador, y a la vez ofrece una reflexión crítica, desde una perspectiva plural e interdisciplinar, sobre los importantes peligros que ello comporta. Los riesgos de la hipertrofia de la dogmática penal (Vives), el fenómeno de difusión de la responsabilidad penal (Ashworth) o de la criminalización en el estado previo (Greco, Gargani), o los conceptos de justicia preventiva (Zedner) y de orden público (Villamarín, Orts), son algunas de las relevantes cuestiones, de alcance general, que se examinan a esos efectos. Junto a ello, se estudian diversos extremos de la legislación española vigente que, por unas u otras razones, han cobrado especial relevancia en los últimos tiempos y que sirven de significativos indicadores de la citada deriva preventiva: la nueva configuración de los delitos de desórdenes públicos (Juanatey, Gili), los delitos de rebelión y sedición en el contexto del llamado proceso catalán (Colomer, Sandoval), la polémica Ley de seguridad ciudadana de 2015 (Portilla), las ordenanzas de convivencia (Alarcón), la regulación del ejercicio de la prostitución en el espacio público (Maqueda) o del uso de drones por razones de seguridad ciudadana (Lucas Tobajas). La obra presta también particular atención a la incidencia de las políticas punitivas del orden público en el plano de los derechos fundamentales, en concreto a través del análisis de -entre otros aspectos- la configuración del derecho de reunión a la luz de la jurisprudencia del TEDH (López Guerra) y de los tribunales españoles (Tomás-Valiente), la sobrecriminalización de los delitos de expresión (Correcher), la aplicación del discurso del odio en referencia a agentes institucionales (Anderez) y el concepto y fundamento de la desobediencia civil (de Lucas).