Este libro contiene el texto del alegato judicial de Allan R. Brewer-Carías presentado en noviembre de 2005, junto con sus abogados Rafael Odremán y León Henrique Cottin, ante la competente autoridad judicial de Venezuela solicitando la nulidad de todo lo actuado por violación de los derechos y garantías constitucionales del autor, en el injusto y viciado proceso que se le instruyó por supuestamente "conspirar para cambiar violentamente la Constitución" con ocasión de haber dado una opinión jurídica, como abogado, durante en la crisis política ocurrida en Venezuela el 12 de abril de 2002, luego de que los altos mandos militares anunciaron que le habían solicitado la renuncia al Presidente de la República de entonces, Hugo Chávez. A pesar, incluso, de que dicha opinión jurídica fue contraria a dicho proyecto, pues Brewer Carías consideró que violaba el principio democrático y así lo expresó, fue perseguido por el Estado, criminalizándose el ejercicio de la abogacía y la emisión de una opinión jurídica, e iniciándose un proceso en el cual se violó su derecho a la su presunción de inocencia invirtiéndose la carga de la prueba; su derecho a la defensa y al debido proceso; y su derecho a la protección judicial, el cual fue llevado por fiscales y jueces temporales sin garantía alguna de estabilidad, y por tanto, violando su derecho de toda persona a ser juzgad por jueces independientes e imparciales. Con esa persecución contra Brewer Carías se buscó acosar la disidencia respecto de régimen político autoritario venezolano, pretendiendo castigar la crítica política e ideológica al proyecto autoritario que se instaló en Venezuela desde 1999, buscando aterrorizar toda otra forma de oposición, utilizándose el sistema judicial como medio de escarmiento para todo el que tuviese una posición adversa al régimen. Se quiso así, ejemplificar la represión en este campo, precisamente persiguiendo a un crítico conocido del gobierno, que había sido ex Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, con más de 40 años de vida dedicada a la docencia y a la investigación jurídica, y a la sólida afirmación del constitucionalismo democrático. Con este proceso al cual se refiere este alegato, se evidencia cómo en Venezuela se ha perseguido la disidencia y se ha querido penalizar la opinión contraria al régimen, negándose además a los acusados la posibilidad misma de un juicio justo a cargo de jueces independientes. Las violaciones a los derechos humanos y garantías judiciales denunciadas en este alegato dieron origen a la demanda contra el Estado venezolano, sometida en 2012 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso: Allan R. Brewer Carías vs. Venezuela).