Bajo el régimen de la Ley de Enjuiciamiento Criminal actualmente vigente, la casación penal ha sufrido profundas modificaciones, sin alteración del texto original de dicha ley, como consecuencia fundamentalmente de la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Parte de las novedades traen causa directa del propio Texto Constitucional o de las Leyes Orgánicas que lo han desarrollado, otras han sido consecuencia de los Convenios y Tratados Internacionales

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fundamentales, y, no pocas, de importantes decisiones del Tribunal Constitucional. La consecuencia de todo ello es que la actual casación penal española poco tiene que ver con la diseñada inicialmente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.