La irrupción de la COVID-19 ha supuesto un reto importante para las empresas, que han encontrado en la figura de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) un instrumento idóneo para hacer frente y palier el impacto, tanto social como económico, derivado de la pandemia. Se trata de una medida que ayuda a la viabilidad de la empresa, manteniendo el empleo y evitando despidos masivos. A estos resultados ha contribuido la promulgación de distintas disposiciones en torno a los ERTE, que la mayoría de las veces han contado con el respaldo de los interlocutores sociales. No obstante, la sucesión normativa ha provocado problemas interpretativos y aplicativos, dando lugar a situaciones de notable inseguridad jurídica. Este trabajo pretende aportar luz en ese recorrido normativo examinando las diversas posiciones doctrinales y judiciales.