La crisis producida por la covid-19 ha puesto de manifiesto una vez más la importancia del papel del Estado. Por supuesto, la liberalización económica es una buena idea, pero cuando se hace imprescindible intervenir, solo puede hacerlo quien cuenta con todas las capacidades directivas, las potestades para ordenar y la oportunidad real de las políticas monetarias y regulatorias. Bien ejercidas, estas competencias podrían impulsar la recuperación económica.
La Unión Europea ejemplifica esta reacción, traducida en su Instrumento de Recuperación y Resiliencia, seguido por la aprobación de planes de país. El plan español, basado en los objetivos estratégicos de modernización, sostenibilidad y digitalización, sigue al Real Decreto Ley 36/2020, modificador del régimen de muchas instituciones administrativas: organización, procedimiento, control, contratos públicos, convenios o empleo público. De la adecuada utilización de estos medios a disposición del poder público dependerá en gran medida el futuro económico de España.