Dignidad y Justicia fue pionera en interesarse por los crímenes sin resolver de ETA y punta de lanza en el primer estudio sobre esta materia ya en 2010. De hecho, gracias al trabajo de la llamada Comisión de Justicia- coordinado desde la Fundación de Víctimas del Terrorismo, desde la persona de D. Fernando Delgado -responsable de prensa de la Fundación- se logró elaborar un primer informe sobre los casos sin resolver de ETA en 2011. De hecho, la Fiscalía de la Audiencia Nacional entregó a la Comisión de Justicia un informe con más de 300 asesinatos sin resolver de ETA desde el año 1977 en adelante. A la Fiscalía les faltó incluir los casos sin resolver de ETA anteriores a la Ley de Amnistía.
Ante la pasividad de las Instituciones españolas en seguir avanzando en la resolución de los asesinatos de ETA, en diciembre del año 2016, la asociación Dignidad y Justicia, presentó una queja ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, en la que denunciábamos la inactividad y dejadez, por parte de las autoridades españolas, en la investigación y resolución de 379 asesinatos, que, están sin esclarecer, es decir, casi la mitad de los asesinatos cometidos por la organización terrorista ETA a lo largo de su historia.
El compromiso de las comunidades autónomas ha sido muy positivo en esta materia. En las Comunidades autónomas de España se hicieron diferentes iniciativas de declara-ciones institucionales o proposiciones no de ley impulsando la resolución de los casos sin resolver de ETA. En Andalucía, Canarias, Navarra, Extremadura y Madrid.
De hecho, la Asamblea de Madrid aprobó en 2019 Proposición No de Ley en la que se reconocían 35 asesinatos sin resolver de ETA en la Comunidad de Madrid y en la que Dignidad y Justicia trabaja de forma muy activa para la resolución de estos casos, al igual que resto de comunidades autónomas.
Dicha queja, fue admitida por el Comité de Peticiones, el 30 de mayo de 2017, Petición 1525/2016, decidiendo investigar las causas por las que dichos asesinatos no están resueltos, recordando que se trata de casi un 44% de los crímenes cometidos por dicha organización terrorista. En ese momento, se inició un reguero de actuaciones desde esta institución europea, en nuestra condición de “peticionarios”. Dignidad y Justicia entregó una ingente cantidad de documentación, entre otras, 6 tomos con miles de páginas sobre cada uno de los asesinatos sin resolver. También se aportó la información de la situación procesal en la que se encuentran esos asesinatos cometidos por la organización terrorista ETA. Hasta en tres ocasiones, la comparecencia del Presidente de esta Asociación ante dicho Comité y, de una delegación de víctimas del terrorismo cuyos asesinatos de sus familiares están sin esclarecer.
La primera de dichas comparecencias se llevó a cabo el 11 de octubre de 2017, en la misma, esta Asociación pudo entrevistarse con europarlamentarios de diferentes grupos políticos, además de comparecer el Presidente de la Asociación y Miguel Ángel Rodríguez Arias- abogado de la asociación y autor del documento base de esta obra-, en la que, se relató como las instituciones en España no había hecho todo lo que debería para poder esclarecer esos 379 asesinatos sin resolver.
En una segunda comparecencia en el Parlamento Europeo, el 18 de junio de 2018, un grupo de 3 familiares de víctimas del terrorismo de ETA, acompañados por el presidente de la asociación Daniel Portero de la Torre, y que se encuentran con los casos sin resolver, pudieron exponer su caso concreto. El propio Iñigo Pascual, hijo de Ángel Pascual Múgica -asesinado por ETA- hizo un relato escalofriante en la Eurocámara y, en la que explicó cómo siendo un niño fue testigo tanto del asesinato como de las amenazas a su padre, el empresario vasco asesinado el 5 de mayo de 1982. Íñigo recibió también varios disparos de ETA y resulto herido en el atentado. Ambas intervenciones en 2017 y 2018 tuvieron consecuencias para España. Desde el Comité de Peticiones se enviaron cartas al Gobierno español, Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado, Audiencia Nacional y Defensor del Pueblo. En estas cartas se les solicitaba a las diferentes instituciones que informaran sobre la situación denunciada y también sobre las investigaciones realizadas para escla-recer dichos asesinatos. No hubo respuestas muy concluyentes, salvo la indicada por el Defensor del Pueblo. De hecho, según palabras del presidente en funciones del Comité de Peticiones, en la segunda comparecencia, las respuestas dadas por las instituciones espa-ñolas no llegaban a aportar mucha información.
La última comparecencia se produjo el 10 de noviembre de 2020, en la que se analizaron cada una de las respuestas de las instituciones españolas que habían tardado casi 3 años en responder al Comité de Peticiones. Se hizo de forma telemática, pues aún estábamos en periodo de pandemia del COVID-19. De nuevo, el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia volvió a insistir en la pasividad de casi todas las instituciones españolas en la resolución de los asesinatos y solicitó formalmente una misión de europarlamentarios para que vinieran a España a solicitar explicaciones en primera persona. Se aportó nueva docu-mentación sobre casos concretos, en los que había habido una dejadez, en la investigación de dos asesinatos, por parte de las autoridades españolas y se expuso por primera vez la existencia de 6 casos que habían sido expurgados aun estando sin resolver.
Ante la insatisfacción de las contestaciones ofrecidas por las instituciones españolas, el Comité de Peticiones decidió en enero de 2021 enviar un grupo nutrido de europarla-mentarios para que, acudieran y se entrevistaran con las principales instituciones que, en mayor o menos medida, tenían competencias en materia de terrorismo, y que, podían arrojar luz a las cuestiones planteadas sobre la actuación de España en la investigación y resolución de los 379 asesinatos cometidos por la organización terrorista ETA, tras la actualización de los casos resueltos en los 5 años que llevaba la queja en Europa, a fecha de 15 de noviembre de 2021, de las fichas técnicas elaboradas por esta Asociación respecto de cada uno de los asesinatos cometidos por la organización terrorista ETA.
Los 379 casos presentados inicialmente en 2016 han sufrido cambios significativos a fecha enero de 2022, unas modificaciones que no alteran el número total de casos sin resolver, aunque sí transforman el índice de las fichas y que se explica de la siguiente for-ma. Se retira de la lista inicial el asesinato de la niña Begoña Urroz Ibarrola pues se pudo comprobar que ETA no fue la autora de este atentado. Se retira el atentado de Eduardo Moreno Bergareche pues no se considera víctima de ETA por parte del Ministerio del Interior. Únicamente se ha resuelto judicialmente un caso sin resolver de ETA en casi 5 años, el de Luciano Cortizo, asesinado por ETA en 1995. A estas tres eliminaciones, que como hemos indicado sí estaban incluidas en la lista inicial del año 2016, hay que añadir tres nuevos casos, el de la Inspectora de la Policía Nacional, María José García Sánchez, ya que su autor material está huido de la justicia en busca y captura, y los casos de los Ertzainas Ana Isabel Arostegi Legarreta y Javier Mijangos Martínez de Bujo.
Con fecha de 4 de diciembre de 2020 se emitió resolución por parte del Comité de Peti-ciones en la que recogía dos de los objetivos recalcados por esta Asociación. Se hacía una declaración de solidaridad y apoyo moral y político a todas las víctimas del terrorismo y, en especial a aquellas que aún no han encontrado el consuelo de poder conseguir justicia por los hechos perpetrados contra ellas o sus familiares. Y, en segundo lugar, se exponía la reafirmación de la necesidad de enviar una Comitiva de europarlamentarios a España, con el fin de obtener toda la información precisa de las autoridades españolas que pudiera ayudar a esclarecer los 379 asesinatos cometidos por la organización terrorista ETA, que estaban impunes, total o parcialmente.
Después de una votación dentro del seno del Comité de Peticiones, en enero de 2021, se aprobó enviar una misión a España de europarlamentarios en el segundo semestre de 2021 gracias a los votos de Partido Popular Europeo, también de Renew -al que pertenece Ciudadano- y ECR -conservadores y reformistas, en los que se encuentra Vox-. En dicha votación se produjo un hecho desconcertante. El Grupo socialista y demás grupos de la izquierda y extrema izquierda prefirieron enviar una misión para investigar los peces muertos del Menor. Preferían peces muertos a personas asesinadas.
Finalmente, la Comisión de Europarlamentarios llegó a España durante los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2021, y durante su visita se entrevistaron con diversas instituciones; Policía Nacional, Guardia Civil, Fiscalía de la Audiencia nacional, Tribunal Supremo, Defensor del Pueblo, familias de casos sin resolver y también con esta Asociación. En una extensa reunión el 4 de noviembre de 2021, Dignidad y Justicia pudo trasladar al grupo de europarlamentarios que nunca ni un sólo asesino de ETA que ha podido acogerse a beneficios penitenciarios ha revelado ni un solo nombre detrás de esos casi 400 asesinatos pendientes. El Estado español también falla en esta circunstancia ya que tanto el Código Penal español como la Ley General Penitenciaria exige a los asesinos terroristas la necesidad de colaborar con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o con la Justicia, para el esclarecimiento de causas pendientes cuando son clasificados en tercer grado penitenciario o se les concede la libertad condicional. La organización terrorista ETA esta-ba fuertemente jerarquizada. Los distintos dirigentes de ETA que ostentaban el mando de cada Zuba o Comité de Dirección sabían quién apretó el gatillo o quién colocó el explosivo en hasta el último de esos casi 400 asesinatos. De este modo, ETA continúa torturando hoy a todas esas familias con muy graves consecuencias morales, y psicofísicas consolidadas en el tiempo ya que nunca ha colaborado con la justicia para escalecer un solo asesinato de ETA. Por ello, consideramos que se trata de una violación de derechos humanos que se continúa produciendo en el tiempo, hoy y mañana. Por todo lo anterior, debemos exigir Dignidad y Justica para esas 379 familias y que se revele una colaboración real en la justicia en todos esos asesinatos.
A continuación, se les acompañan todas las fichas de las víctimas del terrorismo que tienen los casos sin resolver desde 1968. La ONU ya define un caso o un crimen sin resol-ver, como aquel en el que no existe sentencia judicial firme contra el o los autores del delito. Se exponen las 379 fichas, agradeciendo al Cuerpo Nacional de Policía, Comisaría General de Información, su colaboración en la actualización de las fichas.
También queremos agradecer a la Fundación Luis Portero García, para dar y sentir la vida, por su patrocinio y su constante preocupación.