Hay tres opciones político-criminales presentes en algunos de los ordenamientos penales de Occidente: en primer lugar, aquellos ordenamientos que optan por no cambiar nada, siguen manteniendo la punición del auxilio del suicidio, previendo en todo caso (como hacía la regulación española en vigor hasta el año pasado) una atenuación para los supuestos de eutanasia (a veces –es el caso de España– contando con una especie de “consenso de inaplicación”, como dice Carbonell Mateu, que quita presión social a la cuestión). En segundo lugar, aquellos ordenamientos –pocos– que conocen un verdadero derecho al suicidio asistido (en este camino ha progresado especialmente, por ejemplo, la regulación en Suiza). En tercer lugar, los sistemas jurídicos que solo permiten a modo de excepción la asistencia al suicidio de otro en supuestos de crisis médicas generadoras de grandes sufrimientos (esto es: en el contexto eutanásico), como es el caso de la nueva regulación introducida en el ordenamiento español a través de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, aprobada en 2021.