La presente obra contribuye a determinar los fundamentos y el orden jurisdiccional competente que deba conocer de las reclamaciones por los daños causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria pública. La complejidad del sistema sanitario público español, cuya organización y gestión se estudia en primer lugar, lo dificulta en gran medida. A pesar de los intentos normativos por unificar el régimen jurídico y la competencia en el orden contencioso-administrativo, el principio de unidad jurisdiccional plena no se ha alcanzado. Existen aún numerosos supuestos conflictos, de los que se deriva una ingente problemática práctica, que son analizados a lo largo de los sucesivos capítulos: entidades de derecho público y privado dependientes de la Administración, concesionarios, contratistas, centros concertados o con los que se han celebrado convenios singulares de vinculación, Mutualidades administrativas, Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, acción directa frente a la aseguradora de la Administración, personal sanitario privado que concurre a la producción del daño o la responsabilidad civil derivada de delito. La autora realiza un minucioso análisis sobre el «estado de la cuestión», examinando la legislación vigente y aportando una selección exhaustiva y actualizada de la jurisprudencia (tanto de las Audiencias Provinciales como del Tribunal Supremo) y de la doctrina de los distintos consejos consultivos. Además, realiza propuestas con las que se pretenden mejorar y dotar de seguridad jurídica y unidad al sistema, especialmente en este tipo de conflictos que acumulan un abundante número de reclamaciones y dada la gravedad de los daños y los bienes jurídicos a los que afecta. Se busca dotar a todos los ciudadanos lesionados de las mismas garantías.