Esta obra se centra en el análisis del artículo 123 in fine de la Constitución Boliviana de 2009 que literalmente contempla la retroactividad de la ley penal en materia de corrupción. En virtud a ello se determinan tensiones normativas en el ordenamiento jurídico constitucional boliviano, que se materializan inequívocamente en la esfera nacional e internacional, pero principalmente repercuten y afectan directamente a los pilares sobre los que descansa la democracia y el Estado de Derecho. Tensiones que se agudizan al observar el controvertido precepto constitucional a la luz de los principios de irretroactividad, legalidad y debido proceso. Principios consagrados jurídicamente y además en instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos de los cuales Bolivia es suscribiente. En este contexto se manifiesta una notoria e importante oposición entre el orden nacional e internacional, es decir entre este precepto constitucional polémico y los principios de irretroactividad, legalidad y debido proceso, consagrados en el sistema multinivel jurídico, del que forma parte el sistema boliviano. Reténgase que