Ricardo M. Rojas se concentra en las causas de la inflación, recordando que «lo que se infla es el dinero, no los precios». De este modo, la habitual explicación de la inflación como el «incremento de los precios», encierra un error que ha costado muy caro a las sociedades modernas.
En los primeros capítulos, Rojas desarrolla el concepto y origen del dinero, de los precios, de la inflación y sus causas, para concluir que en sistemas de papel moneda de curso forzoso emitidos por el Estado, el único responsable de la inflación es el gobierno, que al disponer el incremento injustificado en la cantidad de dinero circulante, deprecia su valor adquisitivo y distorsiona los precios relativos.
Tras la explicación económica, ensaya la explicación jurídica sobre la responsabilidad del gobierno por sus actos, y concretamente los motivos por los cuáles los funcionarios intervinientes deberían ser responsables por la emisión excesiva. Tal exceso debería estar previsto en el Código Penal como delito, específicamente como una forma de falsificación o adulteración de dinero.
Concluye con una propuesta concreta del nuevo tipo penal, así como otras normas que establezcan con claridad el límite a la facultad de emisión –para resguardar el principio de legalidad–, así como medidas complementarias, como la garantía a la libre circulación y competencia de monedas extranjeras, y la prohibición al Banco Central de financiar el déficit operativo del Estado con sus reservas o emisión monetaria.