En un momento en el cual los Estados de Europa parecen dejar atrás sus intereses parciales para marchar todos juntos por la senda de una construcción unitaria, parece obligado volver la vista atrás para constatar que los gestores del personal en las distintas Administraciones Públicas españolas conocen y sufren todos los días la enorme inseguridad jurídica generada por una regulación falta de coherencia, obsoleta en muchos casos, provisional en otros, con competencias concurrentes de diferentes Administraciones y resultado de una acumulación normativa en cascada, motivo de una de las tasas de conflictividad más altas. De ahí que resulte necesario proceder a reformar la legislación sobre función pública, no en vano la Ley 30/1984, y sus ulteriores modificaciones parciales, no han servido para conseguir una adecuada gestión de los empleados públicos capaz de reajustar el personal existente a las necesidades reales. Es necesario, pues, implantar una estructura administrativa cada día más similar (aun cuando no idéntica) al sistema productivo privado, debiendo asumir idénticos principios informadores (economía, productividad, celeridad, eficacia, disciplina…) y análogas técnicas de actuación, dando la importancia que merece en todo este proceso a la negociación colectiva como instrumento de fácil adaptación a las necesidades concretas de cada organismo o entidad.