APROBADA por unanimidad, tras prácticamente una docena de años de vigencia, la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS) (BOE de 11 de octubre de 2011), da muestras de agotamiento. De enorme utilidad para dar respuesta a un buen número de los problemas que la motivaron, entre ellos el de la unificación competencial a favor del orden social de ciertas materias, como las relativas a la seguridad y salud en el trabajo, limitaciones originarias y algunas reformas posteriores (2012 y 2014) han devaluado el modelo originario. Con el tiempo, otras fracturas se han abierto, como la creciente dilación de los procesos sociales, reprobados por el propio Tribunal Constitucional.

Actualmente están tramitándose importantes reformas de la Administración de justicia (proyectos de ley de eficiencia procesal, de eficiencia organizacional y de eficiencia digital). Ni la jurisdicción social ni el proceso laboral son ajenos a tal profundidad de cambios, pero en modo alguno tienen el alcance exigido.

Esta OBRA COLECTIVA analiza algunos de los principales cambios para proponer un programa reformador más ambicioso en el orden social. Su razón de ser no es solo objetiva (oportunidad en época de mudanzas legales), sino subjetiva, incluso emotiva, porque nace de la convicción de que aquel que fue el gran padre de la LRJS, el magistrado Fernando Salinas, amerita un libro homenaje­ de quienes nos honramos con su amistad y profesamos admiración por su magna trayectoria judicial, cuyo pulso mantiene, ahora desde otra vertiente, siempre comprometido con la justicia social.