Un mecanismo independiente de seguimiento es un sistema diseñado para monitorear y evaluar de manera objetiva y autónoma un conjunto de actividades o áreas en las que la rendición de cuentas es de vital importancia.

En el ámbito de los derechos humanos, los mecanismos independientes de seguimiento buscan asegurar el cumplimiento de determinadas reglas uniformes internacionales y el respeto por los marcos jurídicos que rigen en las distintas materias o campos de actuación.

Desde su nacimiento, hace 26 años, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha asumido la obligación de promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, y, a dicho compromiso, luego sumó, desde el año 2011, el de supervisar en España el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).

En tanto que asociación representativa en el ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad, el CERMI ha trabajado y seguirá trabajando intensamente y en colaboración con las distintas organizaciones de la familia ONU, y en particular con el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para hacer de los derechos humanos una realidad tangible para todas las personas con discapacidad.

El poder transformador de la política necesita nutrirse de datos: información concreta, contrastada y fiable que cumple con una misión de primera relevancia como es poner sobre la mesa la discriminación, existente y percibida, que las personas con discapacidad aún tienen que soportar en el día a día.

Desde el CERMI consideramos que resulta indispensable llevar adelante una serie de labores de difusión e incluso de pedagogía dentro de la sociedad en general y de las propias personas con discapacidad y sus familias en particular para el fomento de sus derechos. Con la finalidad de contribuir a la toma de conciencia, la lucha contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, se ha impulsado esta Guía.

Potenciar el desarrollo y efectividad de los derechos de las personas con discapacidad también pasa por contar con el conocimiento suficiente acerca del contenido material y sustantivo de los mandatos de la Convención, incluido el artículo 33.2 sobre su aplicación y seguimiento a nivel nacional.