La contratación pública es actualmente uno de los mayores focos de corrupción, y en ella aparecen implicados funcionarios que se enriquecen con la gestión del dinero que pertenece a todos. Las conductas delictivas de los funcionarios que se analizan en este trabajo no son sólo hechos delictivos, sino que constituyen prácticas repetitivas que acaban socavando la credibilidad de un determinado sistema político-económico, y que merecen una respuesta contundente desde el ámbito penal y el administrativo. La pérdida de grandes cantidades de dinero público que ello está generando obliga a replantearse la utilidad de los tipos penales para reprimir estos hechos, y a buscar la política criminal más adecuada para combatirlos. Partiendo del análisis de la práctica jurisprudencial existente en esta materia, aquí se propone la necesidad de efectuar determinadas reformas por parte del legislador, de realizar cambios en dicha práctica jurisprudencial cuando castiga estos delitos, y de llevar a cabo un efectivo y constante control administrativo de la actividad en la contratación pública.