Pese a integrar un sector del ordenamiento jurídico-público esencial para el adecuado funcionamiento de las Administraciones públicas, así como para la eficaz prestación de servicios a los ciudadanos, la contratación pública ha sido sometida en los últimos años a un sinfín de reformas normativas, impulsadas unas ?la mayoría? por el muy desarrollado Derecho comunitario en la materia y planteadas otras por el legislador y gobernante español, que ha tratado ?sin mucho éxito? de simplificar y hacer más eficaz el procedimiento jurídico administrativo de contratación. La desmedida proliferación normativa en el sector ha ocasionado unas notables dificultades a todos los operadores jurídicos y económicos de los contratos públicos.
Hay que tener además en cuenta que no sólo la contratación pública constituye uno de los ámbitos medulares hoy de la actuación administrativa , sino que tiene además un gran significado económico y social en nuestras sociedades.