La creciente pretensión de los poderes públicos de convertir a los ciudadanos en informantes (whistleblowers) del Estado incentivando que denuncien aquellos delitos de los que puedan tener conocimiento es un rasgo característico de la política criminal contemporánea. La presente obra se aproxima a dicho fenómeno desde diversas perspectivas, todas ellas relacionadas con el Derecho penal: en primer lugar, y de manera general, analizando las dudas de legitimidad que plantean unas políticas públicas que estimulan por medios diversos (imposición de deberes, recompensas económicas, ofrecimiento de protección jurídica, etc.) las denuncias entre conciudadanos. Y, seguidamente, estudiando dos manifestaciones concretas de esta tendencia: por un lado, la implantación de procedimientos de denuncia en las empresas y la administración (el llamado whistleblowing interno) como un recurso cada vez más frecuente de prevención del delito; y, por otro, el tratamiento jurídico que
merece aquel sujeto que, actuando al margen de dichos procedimientos, decide denunciar directamente a las autoridades o a los medios de comunicación haciendo pública información reservada o que perjudica a la reputación de su empresa (whistleblowing externo).