Las reformas legislativas que hacen más difícil el acceso al proceso y a los recursos, las que invitan a evitar la incoación de un pleito o a concluirlo anticipadamente y las que sustraen de los jueces ciertos cometidos aduciendo una redistribución de tareas tienen algo en común: asistimos a una tendencia que parece orientarse hacia el adelgazamiento de la justicia, entendida esta como la actuación del Derecho objetivo.
En este marco se analiza la interrelación entre la mediación -civil y penal- y la jurisdicción, la distribución de funciones entre el juez y el secretario, la prolongada discusión sobre los protagonistas de la instrucción penal, las tasas judiciales y su incidencia sobre el derecho de acceso a la justicia y las limitaciones que se han ido perfilando en el régimen de recursos.
Una perspectiva general como la adoptada permite una consideración de conjunto que entrelaza visiones fragmentarias del ordenamiento procesal. Anima a no olvidar que hacia él, como un todo, debe dirigirse la atención y desde él, como un sistema, deben nacer las reflexiones y las propuestas.