Tras cuatro décadas de vigencia de la Constitución de 1978, la dirección política atribuida al Gobierno por el art. 97 CE ha sido objeto de una nueva configuración legal (Leyes 2/2014, 25/2014, 36/2015, 39/2015, 40/2015?) y jurisprudencial en sus dimensiones interior y exterior que, como respuesta jurídica dada a la realidad del constitucionalismo multinivel, necesita de una sistematización conceptual. La actual forma de gobierno incluye, por ejemplo, el estatuto del Presidente del Gobierno cuando ejerce relevantes funciones de dirección política sentado en el Consejo de la Unión Europea -lo que desaconseja la existencia de periodos de ?gobierno en funciones? - o cuando sus ministros debaten y deciden con las Comunidades Autónomas en las conferencias sectoriales sobre financiación, sanidad o educación. Por otra parte, como avance de la preeminente posición constitucional que la doctrina del parlamentarismo racionalizado atribuye al poder ejecutivo y los partidos políticos, se ha confirmado la función del Gobierno como principal sujeto de los procedimientos legislativos (el Gobierno legislador como protagonista del conjunto de 289 normas con rango de ley promulgadas en el periodo 2012-2017), que actúa en diversos niveles horizontales y verticales, incluso como defensor de la Constitución -junto al Senado- a través del art. 155 CE. Y frente a los limitados controles que tradicionalmente se imponían a la dirección política del Gobierno (orden público, seguridad nacional, secretos de Estado?), las sentencias del TS, TEDH y TJUE han procedido a una casuística, progresiva y, a veces, ?dialogada? ampliación jurisprudencial del régimen de control de la actividad del Consejo de Ministros. Ante esta compleja y renovada configuración del régimen jurídico del Gobierno y de sus relaciones con los demás poderes, La forma de gobierno multinivel revisa la teoría constitucional de la ya insuficiente doctrina de la clásica forma de gobierno parlamentaria racionalizada y analiza el nuevo régimen jurídico-constitucional del Gobierno en sus relaciones con los poderes horizontales (poderes legislativos y jurisdicciones) y verticales (Unión Europea y Entes Territoriales).