Durante la última etapa de la Guerra de España (1936-1939) y la primera posguerra inicial el territorio cordobés se convirtió en una inmensa prisión, recluyendo a más de 60.000 evadidos y prisioneros de guerra republicanos repartidos a lo largo de trece campos de concentración, sin contar con otros miles de excombatientes pertenecientes a las filas del Ejército Popular que fueron integrados en una treintena de Unidades de Trabajos Forzados. Estos cautivos sufrieron toda clase de penalidades y represión, siendo reutilizados como mano de obra semiesclava en trabajos civiles y militares para lograr finalmente recuperarlos para la causa franquista una vez habían sido clasificados, adoctrinados y domesticados; teniendo que haber demostrado suficientes pruebas de arrepentimiento y sumisión durante todo el periodo de castigo al que fueron sometidos hasta poder expiar la culpa de haber defendido la legalidad vigente, sin ni siquiera estar condenados por ello.