En el espacio iberoamericano la inseguridad pública es una de las principales amenazadas para la estabilidad, el fortalecimiento democrático y el desarrollo. En el primer capítulo de este libro se explica hasta qué punto la inseguridad generada por las cárceles de la droga y el crimen organizado es uno de los grandes problemas de la población latinoamericana, así como los principales instrumentos jurídicos internacionales que se han creado para combatir la Delincuencia Organizada en el ámbito latinoamericano, con especial mención del caso mejicano. En el capítulo II se aborda uno de los grandes escollos que presenta la persecución e investigación de los sujetos que presuntamente cometen delitos relacionados con la delincuencia organizada, la impunidad. Ante ello, los ordenamientos nacionales e internacionales, en los últimos veinte años sobre todo, han ido adoptando nuevas técnicas de investigación y persecución criminal para combatir determinados delitos, como por ejemplo, la permisión de la circulación y de la entrega vigilada de sustancias estupefacientes; la infiltración de determinadas personas en las organizaciones criminales, lo que se conoce en el ordenamiento jurídico español como agente encubierto; y, especialmente, el fomento en la cooperación jurídica internacional, pieza fundamental par la persecución de este tipo de delincuencia que se expande por multitud de territorios sujetos a distintas soberanías para conseguir su impunidad. Por su parte, en el tercer y último capítulo de la obra se analiza cómo esta mayor lesividad no sólo se deriva de los hechos concretos que las organizaciones criminales llevan a cabo (tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas?), sino sobre todo de su capacidad criminógena y corruptora, capaz de crear un especio ilícito al margen de la ley, a nivel mundial. Ante ello, la autora analiza distintas vías de armonización legislativa como punto de partida para afrontar el problema.