Asistimos a una auténtica revolución tecnológica que ha originado cambios en los modelos de producción y de configuración de las relaciones laborales, de ahí que todas las empresas, públicas y privadas, hayan debido de adaptarse al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de comunicación interpersonal. Aunque si bien estas mutaciones de la realidad industrial han servido para avanzar hacia una mayor y más eficaz gestión de las formas de instrumentalización empresarial, no han logrado, sin embargo, reforzar los cimientos ya establecidos para la salvaguarda de ciertos derechos amparados con el máximo nivel de garantías constitucionales, a saber: el derecho a la intimidad, al honor, a la dignidad, a la imagen... etcétera.