¿Se trata de forma menos favorable a las personas con discapacidad y a sus familias en la sociedad española?, ¿discriminan las leyes, los poderes públicos y las autoridades, las prácticas administrativas, los medios de comunicación o las empresas por razón de discapacidad? Después del primer año de vigencia en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas en 2006, el CERMI ha querido reflejar en este primer informe correspondiente al año 2008 cuál es la situación de este grupo de población respecto del ejercicio de sus derechos humanos. Las consultas, quejas y hechos analizados reflejan situaciones en las que, de forma clara, se sitúa a las personas con discapacidad como ciudadanos y ciudadanas con menos derechos, A los que incluso se les impide ejercer sus obligaciones públicas, como la de participar en una mesa electoral, o acceder a lugares de ocio, o se les impide o dificulta usar un medio de locomoción.

Los análisis y las propuestas de este informe se basan en el modelo social de entender la discapacidad proclamado por la Convención de las Naciones Unidas. Las políticas de atención a las personas con discapacidad deben respetar la diversidad individual y la igualdad de oportunidades; es necesario crear una sociedad inclusiva a través de medidas activas y planteamientos transversales que fomenten la accesibilidad a los entornos, productos y servicios, y, sobre todo, proporcionar los apoyos de todo tipo que permitan garantizar el ejercicio regular de los derechos humanos como pilar del desarrollo humano y colectivo de las personas con discapacidad en la comunidad social a la que pertenecen.

Se trata del primer informe nacional de situación que tiene como referente la Convención de Naciones Unidas, al que seguirán, anualmente, otros que formando una serie permitirán trazar una cartografía de la calidad de los derechos humanos de las personas con discapacidad en España y de su evolución.