Con los obispos actuales habría que hacer lo mismo que con los forajidos del Oeste: declararlos fuera de la ley y exponer sus fotografías con la leyenda «Se busca». La mayoría de sus declaraciones son actos perlocutivos; atentados, no sólo contra la racionalidad, sino, lo que es mucho más grave, contra el Estado de Derecho y el Código Penal. Y, por supuesto, contra la propia Constitución.
Si el Gobierno fuese aplicado, y no un soplagaitas ante dichas manifestaciones eclesiásticas, tendría que haber sentado hace tiempo en el banquillo de los acusados a Rouco Varela, Cañizares, Sebastián, Martínez Camino, García Gasco, Reig Tapia, Osorio, Álvarez, y toda la cofradía episcopal andante. Por atentar, un día sí y otro también, contra la Democracia, la Constitución, el Estado de Derecho y la Humanidad que no piensa ni siente como ellos. Y, sobre todo, romper toda relación copulativa con dicha institución, en especial, la que establece el anticonstitucional Concordato.
No ha existido una institución más perfecta haciendo lo contrario de lo que predica. La Iglesia hizo del crucifijo su fetiche particular elevándolo a categoría de símbolo excelso de la masacre realizada por los fascistas en el 36, su Santa Cruzada particular. Aquellos fascistas, acuciados por la Iglesia, mataron en nombre de un Fetiche. Y algunos, como la derecha actual, siguen considerando que aquel genocidio forma parte de los planes de la Providencia.
Históricamente, la Iglesia se ha caracterizado más por lo que ha odiado que por lo que ha amado. En contra de su fundador, se ha pasado toda la vida condenando a tres cuartas partes de la humanidad, especialmente a los ateos, a quienes ni siquiera considera humanos (Benedicto XVI dixit).